Nuevamente Colbún S.A se pone en el centro de las noticias negativas para nuestra región.
El grave incumplimiento a normas básicas de protección a sus trabajadores y la violación evidente a las regulaciones establecidas por la RCA, no hacen más que actualizar lo que planteamos en esa bochornosa reunión de la Corema de los Ríos de Octubre de 2008 y en la que se pretendió acallar a la ciudadanía con una represión digna de cualquier dictadura.
La construcción de la Central San Pedro, fue una mala decisión desde el ángulo que se mire: ambientalmente dañina, económicamente neutra para nuestra región, los empleos que genera son precarios y transitorios y pone en riesgo la seguridad de todas las ciudades y sus habitantes aguas abajo de la represa.
Lo que corresponde es la denuncia a la Comisión Investigadora creada por iniciativa del diputado Alfonso de Urresti y que sea esta instancia del Parlamento la que fiscalice y resguarde efectivamente los intereses ciudadanos de la Región de los Ríos.
Debemos exigir que esta experiencia tan negativa, sirva para que efectivamente se modernice la actual norma ambiental chilena y se de paso a un equilibrio real entre las consideraciones ciudadanas y el poder de las empresas y que los organismos técnicos del estado efectivamente estén a la altura de la defensa de nuestro patrimonio ambiental.
La participación ciudadana no puede ser un acto de benevolencia de quienes tienen el poder de decisión, es esencialmente expresión de madurez y profundidad democráticas, debe ir además acompañada de las competencias técnico-científicas, garantizadas por ley y por tanto vinculante para la toma de decisiones que afectan el futuro de nuestra región.
El grave incumplimiento a normas básicas de protección a sus trabajadores y la violación evidente a las regulaciones establecidas por la RCA, no hacen más que actualizar lo que planteamos en esa bochornosa reunión de la Corema de los Ríos de Octubre de 2008 y en la que se pretendió acallar a la ciudadanía con una represión digna de cualquier dictadura.
La construcción de la Central San Pedro, fue una mala decisión desde el ángulo que se mire: ambientalmente dañina, económicamente neutra para nuestra región, los empleos que genera son precarios y transitorios y pone en riesgo la seguridad de todas las ciudades y sus habitantes aguas abajo de la represa.
Lo que corresponde es la denuncia a la Comisión Investigadora creada por iniciativa del diputado Alfonso de Urresti y que sea esta instancia del Parlamento la que fiscalice y resguarde efectivamente los intereses ciudadanos de la Región de los Ríos.
Debemos exigir que esta experiencia tan negativa, sirva para que efectivamente se modernice la actual norma ambiental chilena y se de paso a un equilibrio real entre las consideraciones ciudadanas y el poder de las empresas y que los organismos técnicos del estado efectivamente estén a la altura de la defensa de nuestro patrimonio ambiental.
La participación ciudadana no puede ser un acto de benevolencia de quienes tienen el poder de decisión, es esencialmente expresión de madurez y profundidad democráticas, debe ir además acompañada de las competencias técnico-científicas, garantizadas por ley y por tanto vinculante para la toma de decisiones que afectan el futuro de nuestra región.
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